La situación de Katty Hurtado, condenada a 20 años de prisión por el homicidio de su exesposo, ha generado un amplio debate en torno a la violencia de género y el indulto solicitado por su defensa.
Contexto del caso de Katty Hurtado
La defensa de Katty Hurtado ha solicitado un indulto, el cual fue ingresado a principios de este año a través de los canales regulares del Ministerio de Justicia. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, indicó que la solicitud está siendo evaluada y que el Presidente de la República informará sobre la decisión en su momento.
Detalles del homicidio
El caso se remonta al 14 de mayo de 2018, cuando Hurtado fue condenada por el homicidio de su exesposo, Richard Aravena. La justicia determinó que la mujer asesinó a Aravena mientras este dormía, golpeándolo con un objeto contundente en la cabeza y apuñalándolo con un arma cortante. Sin embargo, Hurtado sostiene que actuó en defensa propia ante un inminente ataque sexual.
Reacciones de organizaciones feministas
Durante la semana, diversas organizaciones feministas han expresado su apoyo al indulto de Hurtado, argumentando que fue víctima de violencia intrafamiliar de manera sistemática. Estas organizaciones han señalado que en el juicio no se aplicó la perspectiva de género, un hecho que fue reconocido por la Corte Suprema, aunque no se modificó el fallo.
Demanda de respuesta del Gobierno
La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha manifestado su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno a la solicitud de indulto presentada el 11 de enero de 2024. A casi un año de la presentación, la organización ha instado al Presidente Gabriel Boric a firmar el indulto presidencial antes de la Navidad, el 25 de diciembre, para evitar que Hurtado pase “otro año encarcelada injustamente”.
Condiciones de encarcelamiento
Además, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres ha denunciado que en octubre de 2018, dos hombres ingresaron a la celda de Hurtado con uniforme de gendarme con el propósito de abusarla sexualmente. La organización ha afirmado que “el Estado ignoró el contexto de violencia ejercida por su ex pareja, y luego permitió que viviera vulneraciones sistemáticas en prisión, incluyendo violencia sexual y hostigamiento por parte de Gendarmería y otras internas”.
