Análisis exhaustivo sobre la prisión preventiva y sus implicaciones en el sistema judicial argentino.
La obra titulada “¿Puedo ir preso?”, que reúne las contribuciones de 110 autores y es dirigida por el juez Mariano Borinsky, se presenta como un análisis exhaustivo sobre la intersección entre la justicia y la prisión preventiva en Argentina. Este libro, que abarca un total de 1.900 páginas, ha sido coordinado por Laura Kvitko y Julián Rubinska, y se presentó el lunes 30 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La obra se compone de dos tomos, que están disponibles tanto en formato papel como digital. Su contenido se centra en proporcionar un análisis profundo y multidisciplinario sobre la privación de libertad en el contexto argentino. Se abordan aspectos fundamentales que van desde el marco constitucional y legal hasta las condiciones de vida en prisión, lo que permite una comprensión más amplia de las implicancias de la detención y de los casos en los que corresponde aplicarla, teniendo en cuenta que la culpabilidad de la persona acusada aún no está determinada.
El enfoque de esta obra es novedoso, ya que incluye temas de diversas disciplinas, ofreciendo un examen integral del fenómeno social que representa la prisión preventiva. Se abordan las perspectivas mediáticas, políticas, sociológicas, criminológicas, psicológicas, neurocientíficas, de política criminal, económicas, religiosas, filosóficas e históricas. Además, se incluyen entrevistas con sacerdotes de distintas religiones y relatos de experiencias de figuras como Guillermo Coppola. También se presentan artículos que abordan el tratamiento de la prisión preventiva en la literatura y el cine, así como desde la perspectiva de la víctima.
El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien es abogado y doctor en derecho por la UBA, y también Vicepresidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, así como Director del Posgrado en Derecho Tributario y Profesor Adjunto Regular en Procesal de Delitos Tributarios y Económicos en la Universidad Torcuato Di Tella, dialogó con Infobae sobre el alcance del contenido de la obra y los desafíos que presenta el tema.
En su diálogo, se abordó la cuestión de la prisión preventiva, que es una medida cautelar que se impone cuando existen razones suficientes para pensar que el imputado podría fugarse o entorpecer el curso de la investigación. Se destacó que esta medida tiene un carácter excepcional y debe estar debidamente justificada, ya que protege el adecuado desarrollo del proceso judicial. Un ejemplo claro de la necesidad de esta medida se encuentra en los casos de criminalidad organizada, donde el peligro procesal es mayor, justificando así la prevención de la fuga y el ocultamiento de pruebas.
El libro también se pregunta si la legislación es suficientemente clara y si existen criterios dispares en la aplicación de la medida de prisión preventiva. Se busca ofrecer una perspectiva interdisciplinaria que aborde la complejidad de la prisión preventiva, la cual afecta derechos fundamentales. Aunque la legislación establece criterios claros, en la práctica judicial se encuentran diferentes interpretaciones y formas de aplicación, lo que genera debates sobre el uso adecuado de esta medida.
En cuanto a las medidas alternativas a la prisión preventiva, se mencionan opciones como el arresto domiciliario, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal y el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo. Estas alternativas buscan mitigar los riesgos de obstrucción del proceso, siempre considerando que se debe asegurar la presencia del imputado en el mismo. Se examina la viabilidad de la tobillera electrónica, destacando su eficacia.
Respecto al plazo razonable de la prisión preventiva, se establece que debe tener una duración razonable y no extenderse más allá del tiempo necesario, ya que los plazos están regulados por la legislación: dos años, prorrogables por un año con resolución fundada, dependiendo de la cantidad de delitos atribuidos al procesado y la evidente causa. Se discute el principio de separación de los condenados, aunque la realidad de las prisiones a menudo no garantiza esta separación.
El libro también analiza la jurisprudencia relacionada con el “plazo razonable” y menciona algunas causas que pueden justificar la extensión del control. En cuanto a la comunicación y las visitas, se señala que los detenidos conservan todos sus derechos, salvo aquellos que resulten limitados por su propia libertad. En general, las visitas y comunicaciones son similares, aunque pueden variar según la jurisdicción y la situación específica del detenido.
La adhesión a tratados internacionales ha llevado a adecuar la normativa nacional, lo que ha sido clave para imponer límites que se apliquen de manera proporcionada. En muchos casos, los jueces deben realizar un análisis de convencionalidad para garantizar que sus decisiones se ajusten a los estándares internacionales.
El sistema argentino exige que se evalúe la conformidad con los derechos humanos, ya que Argentina ha ratificado tratados que protegen estas garantías procesales. En relación a la presión mediática, se considera que esta puede influir en la labor judicial, por lo que es importante mantener la independencia y la imparcialidad, sustentadas únicamente en las constancias de la causa vigente.
El impacto del encarcelamiento es significativo no solo para el acusado, sino también para su entorno personal y familiar. La privación de libertad afecta las relaciones sociales y la posibilidad de empleo, generando un estigma social que puede ser difícil de revertir, incluso en casos de absolución. La responsabilidad de controlar la ejecución de la pena recae en el sistema, asegurando que el detenido o condenado tenga acceso a la educación y al trabajo.
En caso de que se determine que alguien ha sido injustamente detenido, existe la posibilidad de demandar al Estado por la imposición indebida de la pena, afectando así el derecho a solicitar una reparación por el daño causado. La procedencia de la indemnización depende de las circunstancias concretas del caso.
El libro también aborda el aporte de la neurociencia y la inteligencia artificial en el ámbito penal, destacando que estas tecnologías pueden contribuir a una mejor administración de la justicia al ayudar a identificar patrones relevantes en la toma de decisiones judiciales. Sin embargo, se enfatiza que estas tecnologías no deben sustituir la crítica interpretación jurídica que es inherente al rol de los jueces.
Finalmente, se recomienda seguir promoviendo la formación y capacitación continua de los fiscales, aplicando la prisión preventiva de manera proporcional y fundamentada. También se sugiere fomentar la razonabilidad en la aplicación de estas medidas y establecer mecanismos eficaces de revisión periódica que afecten a las personas. En cuanto a la legislación, es imprescindible contar con un marco moderno que brinde seguridad jurídica. Se considera fundamental el nuevo proyecto que se está trabajando actualmente y que será presentado en la próxima semana, así como la importancia de contar con estadísticas claras para evaluar la realidad del sistema.
