La desaparición de Josué Didier Arroyo, Ismael Eduardo Nehemías Saúl Arboleda y Steven Gerald Medina, los cuatro menores de Guayaquil, ha conmocionado al país desde el 8 de diciembre. La situación ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad tras el hallazgo de cuerpos calcinados cerca de la Base Militar Taura. Las autoridades están en proceso de identificar los restos, mientras que las familias mantienen la esperanza de encontrar a los niños con vida. Este caso, que involucra a 16 militares que están siendo investigados por la Fiscalía, ha captado la atención nacional e internacional, incluyendo pronunciamientos del Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de diciembre, durante una audiencia para resolver un hábeas corpus.
El fiscal Christian Fárez, quien lidera la investigación, declaró que no existen evidencias de que los militares hayan participado en algún hecho ilícito, como inicialmente sugirió el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Fárez afirmó: “No hay pruebas, partes policiales ni testimonios que sustenten la versión de presunto robo. No existe ningún acto ilícito cometido”. Además, cuestionó duramente las acciones de las autoridades, subrayando que los procedimientos realizados en diciembre violaron protocolos fundamentales. Aclaró que los menores no podían ser detenidos o aprehendidos de esa forma y que debían haber sido entregados al Servicio Nacional de Adolescente Infractor reportados a ECU 911.
En un video que circuló públicamente sobre la detención, se observa a dos chicos, entre ellos un menor de tan solo 11 años. En la grabación se ve cómo al menos diez personas suben a una camioneta mientras maltratan a los menores. Este material fue clave para que la jueza constitucional Tanya Loor Zambrano aceptara la acción de hábeas corpus presentada por los menores. La jueza responsabilizó al Estado ecuatoriano y ordenó una serie de medidas de reparación integral. Entre estas se incluye la creación de una comisión independiente para investigar, la activación de búsqueda, así como atención médica y psicológica para las familias, y la capacitación de las Fuerzas Armadas en derechos humanos.
La aceptación de la acción de hábeas corpus también fue respaldada por la Asamblea Nacional, que presentó un amicus curiae citando precedentes internacionales, como el caso Núñez Naranjo vs. Ecuador, que establece que el Estado es responsable en casos donde los ciudadanos están bajo su custodia. Se enfatizó que los derechos de los menores fueron vulnerados, destacando la ausencia de procedimientos adecuados y la falta de cooperación de unidades especializadas.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anunció que los implicados han sido puestos en custodia militar para garantizar que estén disponibles para la justicia. Sin embargo, el abogado defensor ha insistido en que sus clientes están en “perfectas condiciones” y ha negado cualquier responsabilidad en la desaparición. Estas declaraciones han sido cuestionadas por Fárez, quien subrayó que la privación de libertad de los menores, dada su voluntad, configura una situación ilegal.
En paralelo, los padres de los menores continúan alzando sus voces en un profundo dolor. “Quiero a mis hijos con vida, que regresen pronto”, expresó uno de ellos, según recoge Universo. Exigió que se limpie su nombre y que las investigaciones se lleven a cabo sin dilaciones ni obstáculos. Durante las redes sociales, grupos de Whatsapp han creado cientos de cuentas, presumiblemente falsas, que han iniciado una campaña de desprestigio asegurando que era necesaria la vinculación de los menores con criminales. Sin embargo, esto ha sido refutado ante la justicia.
Este caso ha desatado un debate sobre el papel de las operaciones de seguridad interna y la capacidad de intervenir en asuntos relacionados con menores de edad, lo que es directamente competencia del Estado. Se ha señalado la necesidad de delimitar claramente las funciones en contextos de estado de excepción. Al mismo tiempo, la indignación popular se intensifica mientras se realizan análisis forenses para determinar si los restos hallados corresponden a los desaparecidos. La Defensoría del Pueblo y Salud han sido instruidas para brindar apoyo psicológico y trabajar en la implementación de medidas preventivas para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Infobae conoció que, hasta la tarde, expertos de la Policía han comenzado a dirigir mayor información a la prensa, mientras que la Fiscalía tampoco ha brindado nuevos detalles. El público espera que se asigne una fecha para formular cargos contra los militares.
