El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha confirmado la deportación de Jonathan Stanley García Vásquez, un ciudadano salvadoreño que enfrenta acusaciones de homicidio agravado y de pertenecer a una organización terrorista. La operación de retorno se llevó a cabo el pasado 14 de febrero, según informó ICE, tras un proceso que involucró la cooperación de múltiples agencias internacionales. García Vásquez había sido detenido previamente en Nueva Jersey y permaneció bajo custodia hasta su traslado a El Salvador. De acuerdo con la agencia, esta acción subraya el compromiso de ICE con la seguridad pública y la protección de los ciudadanos estadounidenses.
Detalles de la detención y deportación
El director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en Filadelfia, Brian McShane, destacó la importancia de la colaboración internacional en este caso. En un comunicado oficial, McShane afirmó: “El éxito demuestra la fortaleza de nuestra colaboración global. Seguiremos trabajando incansablemente para proteger a la población de quienes buscan hacerles daño”.
El historial de detenciones de García Vásquez comenzó en junio de 2016, cuando fue arrestado por la Patrulla Fronteriza cerca de Hidalgo, Texas, al intentar ingresar al país sin inspección ni autorización. Ese mismo día, las autoridades le notificaron una orden expedita de inadmisibilidad. Sin embargo, en enero de 2017, un juez de inmigración del Departamento de Justicia le otorgó una fianza migratoria, lo que le permitió ser liberado en febrero de ese año.
Posteriormente, en agosto de 2018, las autoridades salvadoreñas emitieron una orden de arresto contra él por su presunta participación en actividades terroristas. Dos meses después, en octubre, se emitió una orden de ausencia en su contra. No obstante, en diciembre de 2024, fue detenido nuevamente durante una operación rutinaria en Nueva Jersey.
Colaboración internacional y operaciones de ICE
La detención de García Vásquez fue posible gracias a la colaboración entre las oficinas de Filadelfia y Newark, así como al trabajo en equipo de la Alianza de Seguridad de Fugitivos (SAFE) en El Salvador. Este grupo desempeñó un papel clave en la coordinación para garantizar que García Vásquez enfrentara la justicia en su país de origen. Este tipo de operaciones son fundamentales para cumplir con la misión nacional de seguridad pública.
Según ICE, la remoción de fugitivos extranjeros buscados por delitos graves no solo protege a los estadounidenses, sino que también refuerza la lucha de los países socios contra el crimen transnacional.
Controversias en las políticas migratorias
Mientras tanto, el panorama migratorio sigue siendo objeto de controversia. Forbes reportó que la administración del expresidente Donald Trump implementó medidas que generaron un sistema judicial de inmigración más complicado, incluyendo el despido de más de una docena de jueces en 2024. Esta decisión produjo un considerable retraso en los casos pendientes, lo que fue calificado como “inexplicable” por Matthew Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales Técnicos, quien señaló que esta medida contradice las promesas de campaña de endurecer las políticas migratorias.
Además, el gobierno exploró opciones controvertidas para manejar a los inmigrantes indocumentados. Entre estas, se incluyó la posibilidad de enviar a personas condenadas por delitos violentos a la base naval de Guantánamo Bay, donde se construyó una instalación capaz de albergar a 30,000 migrantes deportados. The New York Times describió esta instalación como una “ciudad de tiendas de campaña” utilizada para detener a 30 acusados de pertenecer a una pandilla venezolana.
Reacciones internacionales y locales
Las críticas a estas políticas han sido masivas a nivel internacional. En una carta abierta dirigida a los obispos, el Papa Francisco calificó estas medidas como una “crisis mayor” y advirtió sobre las consecuencias de devolver a los vulnerables a situaciones de pobreza o persecución. El pontífice enfatizó que el verdadero bien común se logra cuidando a los frágiles y desamparados.
En el ámbito local, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció su intención de permitir la presencia de agentes de ICE en la prisión de Rikers Island, una práctica prohibida desde 2015 por las leyes de santuario de la ciudad. Adams argumentó que esta medida es necesaria para combatir la violencia de las pandillas, en un contexto creciente de deportaciones. Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, propuso la deportación de aquellos salvadoreños con antecedentes penales en Estados Unidos. Aunque el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la propuesta como “generosa”, advirtió que existen cuestiones legales que deben resolverse antes de su implementación.
