Al menos 60 políticos investigados por el Ministerio Público evitan juicio oral en los últimos 15 años debido a decisiones de cierre de causas sin acusación.
El 7 de enero de 2015, el senador Iván Moreira reconoció públicamente haber utilizado un mecanismo irregular para financiar su campaña electoral. Este hecho generó un gran revuelo y, tres años después, el fiscal Manuel Guerra acordó una suspensión condicional del procedimiento, lo que significó que el parlamentario no enfrentó un juicio oral. La controversia en torno a este caso fue tal que llevó a la renuncia de los fiscales de Alta Complejidad, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes habían iniciado la investigación sobre la conducta del político.
La situación se complicó aún más con la divulgación de conversaciones entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, en el contexto del Caso Audios, donde se evidenció una coordinación entre ellos y Andrés Chadwick, quien ha negado su participación, para cerrar causas de alto perfil. En uno de los mensajes, Guerra le indicó a Hermosilla que deseaba resolver el caso Penta antes del 31 de ese mes, lo que suscitó interrogantes sobre la justicia y la equidad en el tratamiento de los casos de corrupción.
Este reportaje revela que al menos 60 políticos, incluyendo autoridades y líderes de partidos, han logrado mantener sus antecedentes penales limpios gracias a decisiones de fiscales que optaron por cerrar sus casos sin presentar acusaciones ante un juez. Se revisaron casos de corrupción que abarcan delitos como cohecho, soborno, malversación, fraude al fisco, prevaricación y delitos tributarios relacionados con el financiamiento de campañas electorales.
Se identificaron 77 procesos que involucraron a un mínimo de 60 políticos, donde el Ministerio Público decidió suspender condicionalmente la investigación, sobreseer o no perseverar. Se analizaron 36 carpetas judiciales y se seleccionó aleatoriamente un 15% de ellas para examinar la evidencia recopilada por los fiscales. A través de entrevistas con litigantes y expertos en derecho penal, se evaluó si los antecedentes eran suficientes para llevar a juicio a los imputados.
Se determinó que en al menos seis casos existían pruebas adecuadas que justificaban la existencia de acciones delictivas. Además, se observó que cuatro fiscales, Pablo Gómez, Manuel Guerra, Marcela Cartagena y Jorge Abbott, estaban involucrados en los procesos donde se acordaron salidas alternativas. Sin embargo, en algunos casos, el cierre de las investigaciones se debió a la falta de querellas o denuncias por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que limitó la capacidad de la Fiscalía para continuar con las indagaciones.
Se revisaron 105 indagatorias en las que 81 autoridades y dirigentes políticos fueron investigados por corrupción entre 2009 y 2024. De estas, 77 investigaciones fueron cerradas por la Fiscalía a través de métodos alternativos al juicio oral, lo que permitió que al menos 60 políticos evitaran ser acusados formalmente y no tuvieran registros en sus antecedentes penales.
De las 77 investigaciones revisadas, el 48,05% se cerró por decisión de no perseverar, el 27,27% por sobreseimiento definitivo, el 22,08% por suspensión condicional y el 2,6% por archivo provisional. En seis investigaciones adicionales, se acordaron procedimientos abreviados, donde el imputado admite la existencia de los hechos, pero no necesariamente que constituyen un delito, lo que puede resultar en una reducción de la pena. En total, solo 22 casos llegaron a juicio oral, involucrando a 18 políticos, de los cuales 13 fueron condenados, lo que representa un 12%, aunque cuatro de ellos fueron absueltos de otros delitos en el mismo proceso.
En octubre de 2018, los fiscales Manuel Guerra y Felipe Sepúlveda presentaron una acusación penal contra Pablo Zalaquett (UDI) y Laurence Golborne (Ind-UDI). El Ministerio Público solicitó una pena de cuatro años de presidio menor y una multa de 40 UTA, equivalente a $2,6 millones en julio de 2024, por el delito tributario de confección y venta de facturas ideológicamente falsas. Sin embargo, en agosto y septiembre de 2019, Guerra acordó la suspensión condicional del procedimiento para ambos.
Tras su salida de la Fiscalía, Guerra se involucró en el ámbito político, solicitando empleo a Hermosilla, quien era asesor en el Ministerio del Interior bajo la dirección de Chadwick. En agosto de 2021, Guerra fue contratado como docente en la Universidad San Sebastián, donde Chadwick presidía la Junta Directiva. Ambos renunciaron a la institución tras su implicación en el Caso Audios.
La acusación contra Golborne se basó en 26 facturas ideológicamente falsas emitidas para financiar ilegalmente sus campañas de 2013. Golborne admitió haber solicitado ayuda a Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta, para obtener financiamiento. Afirmó que pidió 20 millones de pesos por seis meses, lo que coincidía con las facturas emitidas a Penta y Penta III por Vox Comunicaciones, que le brindó asesoría durante su campaña electoral. Golborne indicó que no hubo servicios prestados por Vox a Penta o Penta III, lo que fue corroborado por Délano y Carlos Eugenio Lavín, otro controlador del grupo.
Vox Comunicaciones emitió un total de 13 facturas que reflejaban servicios inexistentes, sumando un total de $378,77 millones en financiamiento ilegal. Para acceder a la suspensión condicional, Golborne tuvo que pagar solo $11,4 millones.
En cuanto a Zalaquett, la acusación se sustentó en una boleta de honorarios y 19 facturas ideológicamente falsas por un total de $71 millones. Sebastián Correa, representante legal de Reactor, la empresa que facturó para Zalaquett, declaró que el equipo del político solicitó el pago de servicios comunicacionales a través de esta vía. Zalaquett, por su parte, afirmó que había solicitado los fondos, pero que la gestión del pago fue realizada por su jefa de gabinete, Carmen Gloria de Castro.
Zalaquett también se refirió a la falta de acercamientos por parte de quienes estaban involucrados en el Caso Audios, argumentando que su derrota electoral había disminuido su valor político. Afirmó que estaba dispuesto a ir a juicio, ya que estaba convencido de que lo ganaría, y que no había facturas ideológicamente falsas, sino que los trabajos se habían realizado.
Mauricio Daza, abogado querellante, criticó los acuerdos alcanzados, señalando que no se presentó evidencia que desvirtuara lo expuesto en la acusación. Guerra, en una declaración, admitió que no recordaba haber recibido antecedentes distintos que justificaran su decisión. Sin embargo, justificó su resolución en base a fallos de la Corte Suprema que requerían demostrar que la facilitación de facturas se había hecho con dolo para evadir impuestos.
Rodrigo Peñailillo (PPD), exministro del Interior, fue investigado por su vinculación con la empresa de Giorgio Martelli, que recaudó fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Peñailillo entregó boletas que generaron sospechas sobre la prestación de servicios. Seis años después, el fiscal a cargo, Pablo Gómez, no tuvo más opción que no perseverar en la indagatoria, dado que el SII nunca presentó denuncias o querellas, a pesar de la evidencia recopilada.
Marcelo Peñaloza (PRI) recibió la suspensión condicional del procedimiento tras emitir 11 boletas ideológicamente falsas en el caso SQM. Declaró que había actuado a solicitud de Adolfo Zaldívar, líder de su partido, y que los fondos recibidos fueron depositados en su cuenta. Esto fue corroborado por su familia.
El exsenador Patricio Walker (DC) fue sobreseído por la Corte Suprema a pesar de haber admitido haber solicitado fondos para un candidato a diputado. La decisión de la Corte se tomó tras seis meses de investigación, aunque algunos consideraron que la decisión fue apresurada y carente de sustento.
El abogado querellante Matías Ramírez criticó la falta de profundidad en la investigación, sugiriendo que se debió haber ampliado. En el caso de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Walker fue sobreseído, aunque su declaración y la evidencia bancaria indicaban un posible delito.
Los casos de Golborne, Zalaquett, Peñailillo, Peñaloza, Walker y Fuentes reflejan la comisión de delitos sancionados en el Código Tributario, aunque algunos expertos consideran que las penas son relativamente bajas y que los involucrados no tienen antecedentes penales, lo que justificaría las salidas alternativas.
El doctor en Derecho Penal Gustavo Balmaceda señaló que, debido a la falta de legislación en esos años, las acciones se realizaron dentro del marco legal, pero que hoy en día no se habrían permitido salidas alternativas. También cuestionó los criterios del Ministerio Público, sugiriendo que los fiscales podrían haber llevado los casos a juicio, pero optaron por soluciones más rápidas.
Eduardo Cornejo, abogado penalista, planteó que, aunque existan delitos, la fe pública debe ser protegida y cuestionó si las salidas alternativas eran apropiadas. Juan Ignacio Rosas, académico, destacó la complejidad de los casos y la posibilidad de absoluciones en juicios ordinarios.
Al revisar los casos donde no se persiguió acción penal, algunos abogados querellantes señalaron que las decisiones de los fiscales fueron infundadas. Se revisaron 83 casos, donde Pablo Gómez, Manuel Guerra y Marcela Cartagena fueron los fiscales más activos en cerrar investigaciones sin acusaciones. Gómez cerró 14 casos relacionados con SQM, mientras que Guerra cerró siete, incluyendo casos de figuras políticas prominentes.
La decisión más controvertida de Guerra fue la reformalización de Pablo Wagner, donde se redujo la gravedad del delito, lo que permitió negociar un juicio abreviado. María Inés Horvitz, querellante, acusó a Guerra de omitir hechos relevantes en su decisión. Guerra defendió su actuación, argumentando que los antecedentes eran débiles para probar el cohecho.
Cartagena cerró seis investigaciones del caso Asipes, y su gestión fue criticada por la falta de diligencia en la investigación. La decisión de no perseverar en estos casos fue cuestionada por los querellantes, quienes señalaron que hubo dificultades para acceder a la información necesaria.
Los casos de SQM, Penta y Asipes fueron reasignados a fiscales que tomaron decisiones que generaron controversia. Eduardo Cornejo recordó que el nombramiento de Jorge Abbott como Fiscal Nacional fue visto como un acuerdo político para disminuir la atención a estos delitos. Abbott ha negado haber participado en acuerdos políticos para beneficiar a los imputados. Sin embargo, se ha señalado que desde su llegada, hubo un cambio en los criterios del Ministerio Público, lo que llevó a investigaciones más limitadas.
