Italia aprueba un decreto-ley que aumenta penas y multas por agresiones a personal sanitario, incluyendo cámaras de vigilancia para prevenir la violencia.
El Gobierno de Italia ha tomado medidas significativas para abordar el creciente problema de la violencia contra el personal sanitario, aprobando un decreto-ley que entra en vigor de manera inmediata. Esta normativa, que busca endurecer las sanciones para quienes agredan a médicos y enfermeros, se produce en un contexto de aumento alarmante de estos incidentes en el país.
El nuevo decreto establece que las penas por agresiones a personal sanitario se incrementarán, con la posibilidad de enfrentar hasta cinco años de prisión. Además, se contempla el arresto obligatorio en situaciones de “delito flagrante”. Esta información fue proporcionada por el ministro de Justicia, Carlo Nordio, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar tras la reunión del Consejo de Ministros.
El decreto también introduce sanciones económicas, con multas que pueden alcanzar los 10.000 euros para aquellos que cometan actos de violencia, así como para quienes destruyan mobiliario o material en los centros de salud, o causen daños a la infraestructura sanitaria. Estas medidas se implementan en respuesta a un aumento de la violencia en hospitales, que ha llevado a algunos sectores a solicitar la intervención del Ejército en estos espacios.
Nordio subrayó que el objetivo de esta legislación es generar “un efecto disuasorio” frente a la reciente escalada de agresiones dirigidas al personal médico, que han sido perpetradas por pacientes, familiares o allegados de los enfermos. La situación ha empeorado en los últimos meses, y diversas organizaciones que representan a los trabajadores de la salud han denunciado que se está viviendo la peor ola de agresiones en la última década.
En la misma reunión, el Consejo de Ministros decidió implementar un sistema de cámaras de seguridad en los centros sanitarios, como una medida adicional para prevenir y documentar los casos de violencia. Nordio enfatizó que “es intolerable que quienes trabajan con tanto sacrificio en clínicas y urgencias sean atacados y golpeados, y que entornos esenciales como los hospitales sean devastados”. Las cámaras de vigilancia no solo servirán para disuadir a posibles agresores, sino que también facilitarán la identificación de los mismos, permitiendo su arresto incluso hasta dos días después del incidente, dado que el nuevo decreto-ley contempla la posibilidad de detención diferida con un plazo de 48 horas.
