El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido acoger a trámite los requerimientos que buscan la destitución de la senadora socialista Isabel Allende, en relación con la fallida venta de la vivienda de su padre al Estado, que tenía como objetivo la creación de una casa museo. Esta solicitud de destitución fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano.
Contexto de la solicitud de destitución
Los legisladores que han impulsado el requerimiento de destitución de la senadora Isabel Allende se fundamentaron en el artículo 60 de la Constitución de Chile, que establece que tanto los parlamentarios como los ministros no pueden realizar contratos con el Estado. Este aspecto es crucial en el contexto de la controversia que rodea la venta de la propiedad familiar de Allende.
Desarrollo de la situación
La situación se ha intensificado tras la renuncia de la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, en el marco de la fallida compra de la casa de Allende. Además, la Policía de Investigaciones (PDI) ha comenzado a realizar diligencias en Bienes Nacionales relacionadas con esta transacción fallida. Por su parte, la Fiscalía ha iniciado una investigación penal sobre la compra de la casa del ex presidente Salvador Allende.
Decisión del Tribunal Constitucional
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a tramitación los requerimientos presentados por un grupo de honorables diputadas y diputados de la República, quienes han solicitado la declaración de cesación en el cargo de la Honorable Senadora Señora María Isabel Allende Buzzi, conforme a lo establecido en el artículo 121 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
El TC ha indicado que la defensa de la senadora socialista tiene un plazo de diez días para responder a esta decisión.
Declaraciones de los parlamentarios
El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, justificó el requerimiento presentado en contra de la senadora Allende al afirmar: “Nuestro deber como parlamentarios es resguardar el Estado de Derecho en Chile, porque nadie está por sobre la ley ni mucho menos por sobre la Constitución”.
