El reciente escándalo por la filtración de conversaciones privadas entre la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola, ha generado un intenso debate en el ámbito político chileno, involucrando tanto al oficialismo como a la oposición. La conversación, que tuvo lugar a través de WhatsApp en el año 2022, muestra a las militantes del Partido Comunista criticando abiertamente al presidente Gabriel Boric, al entonces jefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía, y a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Sin embargo, el foco del debate no solo se centra en el contenido de los mensajes, sino también en la responsabilidad del Ministerio Público en la gestión de la información relacionada con investigaciones políticas.
Contexto de la filtración
La filtración de los chats ha suscitado críticas por parte de diversos sectores políticos, quienes cuestionan la capacidad del Ministerio Público para proteger la confidencialidad de las investigaciones. A pesar de que los mensajes no están relacionados con las causas por las que están siendo investigadas Cariola y Hassler, se considera que la divulgación de estas conversaciones representa una crítica política que no debería haber salido a la luz pública.
Reacciones del Gobierno y del oficialismo
El presidente Boric se pronunció sobre la situación, calificando de “tremendamente irresponsables” a quienes filtraron los chats. Aunque evitó entrar en conflicto directo con el Ministerio Público, enfatizó que “se tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias” y que la fiscalía debe actuar con mayor responsabilidad en estos casos.
Por su parte, el diputado Mario Desbordes negó cualquier implicación en la filtración y retó a Hassler a presentar una querella si así lo consideraba necesario.
Críticas desde la oposición
Las críticas al Ministerio Público no se limitaron al oficialismo. Varios miembros de la oposición también expresaron su descontento. El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, afirmó que la filtración de estos chats es “completamente inadecuada” y que la fiscalía tiene la obligación legal de mantener la custodia de las pruebas. Ramírez exigió explicaciones sobre esta y otras filtraciones que se han vuelto comunes.
El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, también se unió a las críticas, señalando que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser respetada, independientemente de la ideología política de los involucrados.
El ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se sumó a las voces críticas, argumentando que las investigaciones judiciales no deben convertirse en un espectáculo mediático, y que el Ministerio Público debe asumir la responsabilidad de cómo está afectando el Estado de Derecho.
Reacciones de otros sectores políticos
Desde la Cámara, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) también se pronunció, indicando que las filtraciones no están relacionadas con delitos, sino que reflejan opiniones personales que no deberían ser objeto de divulgación.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue más contundente al sugerir que las filtraciones podrían estar motivadas por incentivos económicos, afirmando que es alarmante que la información que llega a la fiscalía termine en la prensa, lo que indica una falta de capacidad para mantener la confidencialidad en las investigaciones.
Investigaciones sobre la filtración
En respuesta a la filtración, el abogado de Irací Hassler, Miguel Schurmann, anunció que se presentará una querella criminal para identificar a los responsables de la divulgación de los chats. Schurmann argumentó que la querella es la herramienta más efectiva para investigar este delito, a pesar de que el Ministerio Público también ha iniciado una investigación administrativa.
El diputado Luis Cuello (PC) se unió a la acción judicial, presentando una denuncia por violación de secreto, argumentando que se ha cruzado un límite en la utilización de la fiscalía para fines políticos. Cuello enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de esclarecer cómo se filtró información que debería haber permanecido bajo custodia del Ministerio Público.
