La reciente filtración de conversaciones privadas entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola ha generado un amplio rechazo en el espectro político chileno, abarcando desde la UDI hasta el Partido Comunista, al que ambas pertenecen. Esta situación se enmarca dentro de la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía en el caso conocido como Sierra Bella.
Reacciones políticas ante la filtración
El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha expresado su preocupación por las implicaciones de estas filtraciones, sugiriendo que podrían estar relacionadas con un posible cohecho dentro de la Fiscalía. En declaraciones a CNN Chile, Orrego afirmó que “respecto de los elementos que puedan ser constitutivos de delito, me parece que cualquier autoridad, electa y no electa, tiene que ser investigada para que se aclaren esos hechos”.
Investigación y filtraciones
Orrego se refirió específicamente a un personaje mencionado en las conversaciones, sugiriendo que la investigación debe ser exhaustiva. Sin embargo, también destacó un problema grave: “una cosa muy distinta es algo a lo cual no estamos acostumbrados y me parece gravísimo: Y es que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa”. Esta afirmación pone de relieve la falta de confidencialidad en las investigaciones del Ministerio Público.
El Gobernador continuó diciendo que “habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”, y añadió que la liberación de mensajes que no están relacionados con los delitos investigados es preocupante.
Cuestionamientos a la credibilidad del Ministerio Público
Orrego separó los casos de la investigación legítima y las filtraciones, indicando que “me parece que es un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales de lo que está pasando dentro de la Fiscalía abismante”. En este contexto, planteó la pregunta de cómo es posible que tanta información llegue a la prensa, sugiriendo que podría haber incentivos económicos detrás de estas filtraciones.
“¿Hay alguien del Ministerio Público que está recibiendo incentivos para liberar esta información, que solo tiene el Ministerio Público en razón de una investigación delictual y que, más encima, en este caso particular no tiene ninguna referencia salvo en temas políticos?”, cuestionó Orrego.
Demandas de investigación interna
El Gobernador Metropolitano exigió que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, lleve a cabo una investigación sobre las filtraciones, advirtiendo que “o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente ésta va a perder credibilidad”.
Al ser consultado sobre su acusación de que alguien en la Fiscalía podría estar recibiendo dinero a cambio de filtrar información, Orrego expresó su inquietud: “todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta: ¿Aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que compra favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley”.
En su argumentación, Orrego citó el caso del fiscal Patricio Cooper, quien había sido instruido para investigar las filtraciones de la Fiscalía, y ahora se encuentra en medio de una situación donde se filtran detalles de su propia investigación.
Impacto en la credibilidad del Ministerio Público
Finalmente, Orrego concluyó que “el Ministerio Público no se da cuenta del daño que le hace a su credibilidad esta permanente filtración judicial”. Esta declaración resalta la gravedad de la situación y la necesidad de abordar las filtraciones para preservar la integridad de las investigaciones judiciales.
