La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves que las recientes leyes de ciberseguridad y de protección de datos personales, que han sido aprobadas por el Congreso de El Salvador, representan una amenaza significativa para la libertad de prensa en el país centroamericano.
Advertencia de HRW sobre las nuevas leyes
La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, expresó en una nota que, en el contexto actual de opacidad y acoso a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, existe un grave riesgo de que estas leyes puedan ser utilizadas como un instrumento para “amenazar, silenciar y obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión e información”. Goebertus también destacó que “estas leyes son una fórmula ideal para aumentar la censura y la opacidad”.
Creación de una agencia estatal
HRW señaló que la nueva Ley de Ciberseguridad establece la creación de una agencia estatal con “amplias atribuciones”, que incluyen el desarrollo de la política nacional de ciberseguridad, la gestión de amenazas cibernéticas, la realización de funciones de supervisión e imposición de sanciones. La organización recordó que la persona que estará a cargo de esta agencia será nombrada por el presidente Nayib Bukele, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha indicado que “los gobiernos deberían establecer autoridades nacionales independientes para la protección de datos personales”.
El controvertido “derecho al olvido”
Además, HRW alertó sobre una disposición en la Ley de Protección de Datos Personales que reconoce el “derecho al olvido”, el cual permite a los individuos solicitar la eliminación de sus datos de internet. Goebertus manifestó que “estas nuevas leyes podrían utilizarse para eliminar publicaciones ‘on line’ críticas con el Gobierno con el pretexto de estar protegiendo datos personales”.
Condiciones para la libertad de expresión
Según HRW, aunque se excluye la eliminación de datos personales cuando son “necesarios para ejercer el derecho a la libertad de expresión, de información y prensa”, esta excepción está condicionada a que los datos publicados cumplan con el principio de exactitud. Esto implica que “no pueden publicarse si son ‘inexactos, incompletos o desactualizados’”, lo que significa que “los medios de comunicación y motores de búsqueda que incumplan con los requisitos de protección de datos podrían ser sancionados con multas de hasta 40 salarios mínimos mensuales”.
Preocupaciones de organismos locales e internacionales
Diversos organismos, tanto locales como internacionales, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés), han expresado su preocupación por un retroceso en la libertad de prensa en El Salvador en los últimos años. La CPJ acusó en septiembre pasado que “el Gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano”.
