La contralora general de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión investigadora por la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, defendiendo el actuar del organismo. Pérez explicó que se aprobó una autorización previa que era parte del proceso, el cual cumplía con la norma legal.
Detalles sobre la compra de la casa de Salvador Allende
Pérez precisó que la Contraloría solo visó el primer paso para llevar adelante la compra de un bien raíz por parte del Fisco. Este primer paso consiste en revisar el motivo de la operación, su tasación y precio, los cuales fueron validados por tres estudios entregados como antecedentes, asegurando que estaban ajustados a derecho.
Cuestionamientos y renuncias
En el contexto de la investigación, Leonardo Moreno, quien fue cuestionado por la fallida compra de la casa de Allende, renunció como asesor presidencial. Además, la Fiscalía aclaró la declaración de Gabriel Boric y Cordero acusó el uso del sistema penal con fines políticos. Boric defendió la labor de Crispi y aseguró que Maya Fernández no intentó “enriquecerse” con la casa de Allende.
Aspectos legales de la compra
En su declaración, la funcionaria Dorothy Pérez también precisó que no se analizó la calidad de co-propietarias que tienen la senadora Isabel Allende y la ex ministra Maya Fernández, quienes estaban impedidas constitucionalmente para concretar ventas con el Estado.
Pérez declaró: “En esta etapa el examen no se enfoca en los propietarios, pues en el tiempo que media entre la autorización y la compraventa podrían vender, ceder, donar el bien o sus derechos, fallecer, etc.”
Además, detalló que “este primer decreto es un acto preliminar que solo autoriza al Fisco (en este caso el Ministerio de Bienes Nacionales) a adquirir un inmueble en particular, por lo que aquel, por sí solo, no valida el tenor ni las partes de una eventual compraventa que en el futuro se celebre, la que deberá ser aprobada por un acto administrativo específico y posterior, el que debe someterse a su propio control de legalidad”.
Finalmente, cuando se le consultó si la Contraloría hubiera rechazado el contrato de compraventa de la casa de Allende al tener como beneficiarias a Allende y Fernández, Pérez precisó que “no le corresponde a la Contraloría pronunciarse sobre una situación hipotética”.
