La Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió este jueves la sentencia que fundamenta el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio), el cual fue otorgado por unanimidad el 10 de febrero de este año, en relación a tres delitos de fraude al fisco que se habrían cometido en el contexto de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La parlamentaria dispone de un plazo de cinco días para presentar su apelación.
Detalles del desafuero de la diputada Pérez
Según el tribunal de alzada, los antecedentes presentados “otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos, el que se construye sobre la base de los vínculos de esta con los imputados Sr. Andrade y Sr. Contreras“.
Además, la Corte establece que “de acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención”. Este aspecto es considerado independiente del tipo de participación que la Fiscalía pretenda acreditar en el futuro, lo que satisface el estándar de probabilidad preliminar necesario para acceder a la solicitud de desafuero.
Elementos de investigación y participación de la diputada
La resolución también menciona que “existen elementos de investigación objetivos que hacen plausible la afirmación de que conoció su suscripción y que incluso participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada”.
Se añade que “una serie de antecedentes dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál deberían ser el discurso común para tales objetos”.
Rol de liderazgo y conocimiento de irregularidades
La Corte también señala que “resulta relevante en este aspecto que estos últimos antecedentes, si bien posteriores a la suscripción de los convenios, informan el pleno conocimiento de la diputada Pérez en las diversas irregularidades concurrentes, asumiendo claramente un rol de liderazgo, elaboración y dirección en las distintas acciones ya referidas”.
Finalmente, se recalca que “la posición preferente que tenía y su conocimiento e intervención durante la ejecución de los convenios, dotan de plausibilidad a la imputación primaria del Ministerio Público respecto de una eventual participación como coautora en los términos del artículo 15 N°3 del Código Penal”.
