Las normas que regulan el uso de la fuerza y protegen a los más vulnerables en tiempos de conflicto.
La violencia ha sido un método utilizado por los seres humanos a lo largo de la historia para resolver conflictos. A pesar de que en la actualidad se busca la diplomacia y la resolución pacífica de disputas, la guerra continúa siendo un elemento clave en las dinámicas de poder y hegemonía entre naciones en todo el mundo. Sin embargo, incluso en los conflictos bélicos más brutales, existen normas y reglas que buscan proteger la dignidad humana, evitar sufrimientos innecesarios y salvaguardar a civiles, prisioneros de guerra y heridos.
Los Convenios de Ginebra son un conjunto de acuerdos que regulan el comportamiento en situaciones de conflicto armado. La historia de estos convenios se remonta a varios siglos, pero la formalización del Derecho Internacional Humanitario comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. El primer Convenio de Ginebra se firmó en 1864, en el contexto de las guerras de Crimea e Italia. En total, hay cuatro convenios, siendo el primero enfocado en la protección de los combatientes y el último, establecido en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial, orientado a la protección de la población civil. Posteriormente, se han añadido protocolos adicionales que han ampliado y profundizado en el derecho de guerra.
Los Convenios de Ginebra son fundamentales en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, ya que son adoptados globalmente y constituyen la base para la regulación de la guerra, limitando los actos más atroces y sirviendo como referencia central en este campo. Es crucial entender que esto no implica la existencia de un “derecho a la guerra”, sino que establece un conjunto de normas que regulan el comportamiento entre las partes beligerantes durante los conflictos armados.
Las leyes de la guerra establecen una clara distinción entre lo que puede ser atacado y lo que debe ser protegido durante un conflicto. Estas leyes garantizan la protección de civiles, personal humanitario y sanitario, así como periodistas, quienes no participan directamente en las hostilidades. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten”. Además, el CICR enfatiza que “siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan”.
Las leyes de la guerra también regulan el uso de ciertos métodos de combate y armas, así como el trato ético a los prisioneros de guerra. El CICR señala que “las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos”. Además, se han establecido límites en el uso de armas y métodos de guerra que no distinguen entre combatientes y civiles.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define los crímenes de guerra como infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, así como otras violaciones significativas de las leyes y costumbres que rigen los conflictos armados. Entre estos crímenes se incluyen:
– Tomar rehenes: Capturar personas para usarlas como intercambio o para presionar al enemigo.
– Atacar civiles o bienes civiles: Dirigir ataques a personas que no están participando en la guerra o a bienes que no son objetivos militares, como casas, escuelas o hospitales.
– Atacar misiones de paz o humanitarias: Lanzar ataques contra el personal, vehículos o instalaciones de las Naciones Unidas o de misiones que ayudan a las personas afectadas por el conflicto.
– Realizar ataques desproporcionados: Lanzar ataques sabiendo que causarán muchas muertes de civiles, daños graves al medio ambiente o destrucción de bienes que no justifican el objetivo militar.
– Mover población hacia o fuera de territorios ocupados: Trasladar a la fuerza a personas dentro o fuera de una zona ocupada, o instalar a la propia población en territorios ocupados.
– Saqueo: Robar o saquear ciudades o lugares después de tomar control de ellos.
– Usar armas químicas: Emplear gases tóxicos, venenos o dispositivos similares que causen graves daños.
– Cometer violencia sexual: Actos como violación, esclavitud sexual, embarazo, prostitución o esterilización forzadas, entre otros tipos de abuso sexual.
– Atacar personal médico: Atacar a personas, vehículos o instalaciones que llevan el emblema de la Cruz Roja o de los Convenios de Ginebra, como hospitales o ambulancias.
– Usar el hambre como arma: Privar a la población civil de alimentos y bienes esenciales o bloquear la llegada de ayuda humanitaria.
Las consecuencias de transgredir las leyes de la guerra dependen en gran medida de la voluntad política de los Estados involucrados. Aunque existen mecanismos internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), para juzgar estos crímenes, su efectividad puede verse limitada si los países no cooperan o no aceptan la jurisdicción de la CPI. Según Amnistía Internacional, cuando un país comete crímenes de guerra, la responsabilidad de juzgar a los culpables recae inicialmente en el sistema judicial del propio Estado donde ocurrieron los crímenes. Si este no actúa, el Derecho Internacional Penal puede entrar en juego, permitiendo que la Corte Penal Internacional investigue y enjuicie a los responsables, siempre que tenga jurisdicción o si así lo decide el Consejo de Seguridad de la ONU.
Un ejemplo notable de las consecuencias que pueden surgir por crímenes de guerra, cuando existe voluntad política, son los Juicios de Núremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un tribunal militar internacional para juzgar a los líderes nazis. Estos juicios, que se llevaron a cabo entre 1945 y 1946, sentaron un precedente histórico, ya que altos funcionarios fueron enjuiciados y condenados por sus crímenes.
