La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó las críticas dirigidas hacia la nueva contralora general, Dorothy Pérez, en relación a un dictamen que esta última firmó sobre el “principio de confianza legítima”. Este dictamen establece que los trabajadores que deseen alegar confianza legítima en casos de despidos deberán hacerlo a través de la Corte de Apelaciones, en lugar de la Contraloría, como se había estipulado durante la administración del excontralor Jorge Bermúdez.
Reacciones a la decisión de la Contraloría
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) han manifestado su desacuerdo con el dictamen de Dorothy Pérez, sumándose también a las críticas el Partido Comunista (PC). En este contexto, la ANEF ha calificado la situación como “violenta” y ha convocado a movilizaciones en respuesta a la decisión de la Contraloría.
Declaraciones de Camila Vallejo
En sus declaraciones, Camila Vallejo enfatizó que “el Poder Ejecutivo es un poder autónomo de la Contraloría”. Aclaró que la Contraloría no responde ni se define en función de las acciones, opiniones o decisiones del gobierno, subrayando que son instituciones separadas.
Vallejo también destacó que “la Contraloría y su contralora son las que determinan un dictamen de manera autónoma, independiente de las opiniones y las críticas”. Además, afirmó que “son decisiones de un ente autónomo del Poder Ejecutivo”, lo que refuerza la independencia de la Contraloría en su función de fiscalización y dictaminación.
Contexto del dictamen
El dictamen sobre el principio de confianza legítima ha generado un amplio debate en el ámbito laboral y político, dado que afecta directamente a los derechos de los trabajadores en situaciones de despido. La decisión de que los trabajadores deban recurrir a la Corte de Apelaciones en lugar de a la Contraloría para alegar confianza legítima ha sido interpretada por algunos sectores como un debilitamiento de las garantías laborales.
La CUT y la ANEF han expresado su preocupación por las implicaciones que este dictamen podría tener en la protección de los derechos de los trabajadores, lo que ha llevado a la convocatoria de movilizaciones en protesta.
Las declaraciones de Camila Vallejo y la respuesta de las organizaciones laborales reflejan la tensión existente entre el gobierno y los sindicatos en el contexto de la nueva administración de la Contraloría.
