La crisis ambiental en Bolivia se agrava por la combinación de incendios forestales, desmonte y políticas agropecuarias que facilitan la expansión agrícola.
Los incendios forestales han desencadenado una crisis ambiental sin precedentes en Bolivia. El primer incendio se inició el 2 de junio en el Parque Nacional Otuquis, ubicado en la región del Pantanal, en la frontera con Brasil. Desde ese momento, no ha habido un solo día sin fuego o humo. En un periodo de cuatro meses, se han quemado cerca de siete millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Irlanda, de las cuales 4,6 millones eran bosques y 2,3 millones eran pastizales. Las acciones implementadas para combatir estos incendios han sido consideradas insuficientes.
El 7 de septiembre, el Gobierno boliviano decretó una emergencia nacional con el fin de facilitar la cooperación internacional. A raíz de esta declaración, llegaron equipos y brigadas de bomberos de varios países, y se intensificaron las operaciones en áreas afectadas, incluyendo la contratación de aviones cisterna para realizar bombardeos de nubes con el objetivo de provocar lluvias. El 11 de septiembre, se emitió una “pausa indefinida” que prohíbe la emisión de permisos para quemas y revoca aquellos que estaban vigentes, ya que se determinó que los incendios no eran accidentales, sino provocados con fines especulativos agrícolas, como la preparación de tierras para cultivos y la expansión de la siembra. Esta medida generó rechazo en algunos sectores, pero el Gobierno cedió ante la presión.
El 28 de septiembre se conoció un acuerdo firmado entre comunarios de Beni y el Ministerio de Medio Ambiente, a través del cual se comprometieron a flexibilizar el veto a las quemas a partir de una “regionalización” de la medida. Con el humo fuera de control y afectando a todo el país, el 30 de septiembre se elevó el nivel de alerta a “desastre nacional”, lo que autoriza a las instituciones públicas a utilizar recursos de otras partidas, ante la burocracia que retrasa la llegada de más ayuda. La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, expresó su frustración diciendo: “¿Qué vamos a modificar del presupuesto si no tenemos ni un peso?”. Según los últimos reportes oficiales, en octubre seguían activos 40 incendios en el departamento de Santa Cruz, que ha sido gravemente afectado por las quemas.
La práctica del “chaqueo”, que consiste en quemar tierras agrícolas, se ha realizado durante décadas, pero en el último quinquenio la situación se ha agravado, alcanzando un consumo medio anual de 4,1 millones de hectáreas, cifra que este año podría llegar a duplicar el promedio anual. En comparación, Brasil, que tiene una vasta extensión de tierras tropicales en la Amazonía, ha quemado casi la mitad de su territorio, que es 7,8 veces más grande que el de Bolivia.
En este contexto, parece complicado encontrar una solución. La Fundación Tierra elaboró un informe que apunta a algunas claves para entender qué hay detrás de los incendios: los desmontes, la sequía y el alto riesgo de propagación de incendios son factores que han aumentado en los últimos años debido a la prolongada sequía y a la menor humedad en las zonas boscosas. Sin embargo, el principal factor detrás de los incendios es el desmonte de grandes extensiones de tierra mediante métodos mecanizados, que abarcan varias hectáreas en comparación con el chaqueo tradicional, que se realizaba en menor escala. Como consecuencia, el peligro de que los desmontes arrasen grandes áreas es mucho mayor.
Varios actores están implicados en esta problemática, siendo atribuible en gran parte al sector agropecuario y a factores económicos y sociales. Gran parte de los conflictos que caracterizan la tenencia de la tierra están relacionados con la ampliación de la frontera agrícola. Muchas personas están involucradas en disputas sobre derechos de propiedad reconocidos por la ley. Algunos ocupan ilegalmente tierras fiscales y territorios indígenas titulados, mientras que otros poseen predios medianos y grandes, y existen títulos agrarios y autorizaciones provisionales para asentamientos.
La precariedad en la atención a los incendios y la intervención tardía se explican por la falta de recursos humanos y materiales, así como por la inaccesibilidad a las áreas afectadas, lo que se relaciona con cuestiones vinculadas al cambio climático. El documento de la Fundación Tierra señala que las capacidades reales para combatir los incendios son limitadas, especialmente cuando estos se propagan hacia áreas alejadas.
La política del gobierno de Luis Arce ha incentivado la flexibilización de las leyes que protegen la tierra. Además, se mantiene la autorización para asentamientos sociales afines a la política nacional. Las políticas y medidas agroambientales que están en vigencia son continuaciones de decisiones adoptadas en los años 90 y que fueron impulsadas durante el gobierno de Evo Morales. Las leyes que amparan lo que se denominan “incendios” son un conjunto de decretos aprobados después de 2011, en el marco de acuerdos y alianzas establecidas a nivel nacional con movimientos agropecuarios y campesinos. Estas leyes, en esencia, “perdonan” las acciones ilegales, legalizan y promueven la expansión agrícola.
Ante la presión social para abrogar estas leyes, se ha iniciado un proceso de derogación en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la ley urgente 741, que afecta a hasta 20 personas en pequeñas propiedades. Se señala que lo problemático de esta ley es que permite la producción forestal permanente, lo que significa que las tierras boscosas pueden ser utilizadas para un mayor uso agrícola. A causa de esta ley, la situación en la Amazonía ha empeorado y se ha masificado la deforestación.
Se estima que, si la situación persiste, para mediados de octubre se alcanzará un punto crítico en esta crisis ambiental. Los daños ambientales y sus consecuencias negativas incluyen la contaminación del agua por cenizas, la contaminación del aire y la destrucción de los medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas, lo que está causando problemas de inseguridad alimentaria. La Fundación Tierra afirma que, en estas circunstancias, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación integral de los daños ocasionados, incluyendo un inventario de las pérdidas de fauna, flora y ecosistemas, así como la severidad de los daños causados a las poblaciones locales. Posteriormente, se deberá llevar a cabo un proceso de recuperación, mitigación y asistencia humanitaria.
Aunque la práctica del chaqueo se ha realizado durante años, la gravedad de la situación se ha intensificado desde 2019, con incendios que han persistido entre junio y noviembre, afectando incluso a ciudades distantes de los focos de incendios. Los expertos de la Fundación Tierra consideran fundamental tener leyes que regulen esta práctica antes de mayo de 2025, y advierten que “la presencia indiscriminada y rápida multiplicación de monocultivos deben estar explícitamente excluidos de la agricultura”.
