La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha suscitado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes han expresado su preocupación por la falta de planificación y el aparente desprecio por la seguridad de la región.
Reacciones de las diputadas
La medida, que se ha implementado en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre los parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios. Estos últimos advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una “irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios”.
La diputada Pérez ha declarado: “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto”. Además, ha señalado que la autoridad encargada no comprende que Biobío no es el “patio trasero” de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local.
Advertencias sobre la seguridad
La diputada Karen Medina también ha manifestado su preocupación, advirtiendo que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. Medina ha afirmado: “Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas”.
La congresista ha enfatizado que esta situación no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, ha calificado de inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales, subrayando que “Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”.
Impacto en la convivencia y condiciones laborales
Las legisladoras han advertido que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino que también agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. Marlene Pérez ha recordado un incidente grave: “No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda”.
Karen Medina ha añadido que si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar un colapso y posibles motines, afirmando: “No permitiremos que esto ocurra. El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado”. Medina ha manifestado que si persisten en esta medida arbitraria, será la primera en exigir la salida de las autoridades responsables por su tozudez y falta de criterio.
Defensa del Gobierno
A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia ha defendido la medida como parte de un plan de redistribución carcelaria, argumentando que la cárcel de El Manzano está siendo ampliada para recibir a estos internos. Sin embargo, las parlamentarias insisten en que esto no es suficiente y que se requiere un enfoque integral que garantice la seguridad y estabilidad del sistema penitenciario.
