El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, abordó la controversia relacionada con los intercambios de mensajes entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, indicando que este asunto resalta las carencias de la legislación actual sobre lobby.
Declaraciones de Bernardo Navarrete
La autoridad del CPLT enfatizó que situaciones como la mencionada “reafirman la necesidad de modernizar la normativa para garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de presentar sus intereses ante la autoridad, sin privilegios”. Este comentario surge en el contexto de un debate más amplio sobre la transparencia en la gestión pública, que se intensificó tras la divulgación de las conversaciones entre Cariola y Hassler.
Contenido de los chats revelados
En las conversaciones filtradas, se alega que la diputada del Partido Comunista solicitó a la exalcaldesa que intercediera en la renovación de una patente de alcohol para un empresario de origen chino, así como que gestionara reuniones con un financista de sus campañas. Este tipo de interacciones ha generado un debate sobre la ética y la legalidad de las acciones de los funcionarios públicos.
Cuestionamientos sobre la legislación actual
Navarrete también expresó su preocupación respecto a la iniciativa legislativa que actualmente se discute en el Congreso, señalando que no incluye la obligación de registrar las reuniones entre autoridades. “La nueva legislación innova al considerar la intermediación para conseguir reuniones como una actividad que debe registrarse, sin embargo, excluye el registro de encuentros entre autoridades, lo cual no parece razonable en casos como los que hoy son noticia”, afirmó.
Investigación del Ministerio Público
La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público continúa en desarrollo con el objetivo de determinar si las gestiones realizadas por Cariola constituyen algún delito o si se enmarcan dentro de acciones políticas que no tienen implicaciones legales. La situación ha puesto de relieve la necesidad de revisar y posiblemente reformar las leyes que regulan el lobby y la transparencia en la administración pública.
