La empresa Andes Iron, responsable del proyecto minero-portuario Dominga, ha presentado un escrito ante el Primer Tribunal Ambiental en el que expresa su desacuerdo con el reciente rechazo de su iniciativa. En este documento, la compañía argumenta que “desde ya se advierte que el Comité de Ministros ha incumplido materialmente la sentencia definitiva” dictada por el mismo tribunal el 9 de diciembre. Esta sentencia había revocado un rechazo anterior de la instancia ministerial que databa de enero de 2023 y ordenaba repetir la votación bajo ciertas condiciones establecidas.
Argumentos de Andes Iron
En un extenso escrito de cuatro páginas, Andes Iron, vinculada a la familia Délano, sostiene que la nueva negativa de los subrogantes “soslayó las principales directrices y lineamientos” del fallo emitido en diciembre. La empresa señala que, aunque la nueva resolución del Comité de Ministros aún no ha sido formalmente dictada, su contenido material es conocido a partir del acta de sesión. En este sentido, la compañía afirma que “en ella queda en evidencia que no se siguieron los lineamientos y directrices de la sentencia, manteniendo por tanto un bucle interminable de reclamaciones, lo que atenta contra todos los valores del ordenamiento jurídico”.
Informe del profesor Iván Hunter
Además, Andes Iron ha solicitado al tribunal que considere un informe en derecho elaborado por el profesor Iván Hunter, quien es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile y fue expresidente del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Este informe analiza la sentencia del 9 de diciembre y las posibilidades que tiene el Comité de Ministros de insistir en el rechazo del proyecto Dominga. En el documento se indica que “la decisión que adopte el Comité de Ministros puede ser objeto de revisión por el Primer Tribunal Ambiental en el contexto del cumplimiento incidental de la sentencia”.
Posibles consecuencias del desacato
El informe también menciona que, en caso de que el Comité de Ministros no cumpla con la sentencia, se pueden adoptar las medidas de apremio necesarias hasta que el tribunal considere que se ha cumplido íntegramente con el mandato contenido en la sentencia. Esto se menciona sin perjuicio del desacato o quebrantamiento de la sentencia y de las responsabilidades que ello podría conllevar.
La situación actual del proyecto Dominga sigue siendo objeto de atención y análisis, dado el contexto legal y las implicaciones que tiene para la empresa y el medio ambiente.
